¿Qué es el Sistema Estatal Anticorrupción?
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales que busca combatir eficazmente a la corrupción.
El objetivo es alinear los esfuerzos para combatir la corrupción y contar con un sistema en Nuevo León que incluso mejore lo propuesto por la Federación. De esta manera se podrá actuar de una manera coordinada, buscando poner fin a la impunidad y eliminar la corrupción.
¿Cuáles son los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción?
De conformidad con el Artículo 2 de la Ley para el Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Nuevo León, el objeto de esta Ley es establecer las bases de coordinación entre el Estado, la Federación, y los Gobiernos Municipales para el funcionamiento del Sistema Estatal previsto en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción y se regirá por los principios de transparencia y máxima publicidad, a través de los siguientes objetivos:
Crear las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas;
Instaurar los principios para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos;
Fundar las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;
Regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;
Establecer la estructura, forma y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana;
Dotar los principios y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos; Asentar las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano en el Estado establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público;
Señalar el techo mínimo para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; y
Promover, fomentar y difundir entre la ciudadanía las obligaciones de los servidores públicos, la cultura de la legalidad y la trascendencia del uso de los mecanismos de participación ciudadana, particularmente los vinculados al respeto a la legalidad y el combate a la corrupción.
